• 04/10/2022

Las concejales ivoskistas Dalmon y Rosano impulsan un proyecto para detener a los gremialistas que bloqueen empresas

Las concejales del bloque Adelante San Martín UCR Emma Rosano y Verónica Dalmon y sus colegas del interbloque de Juntos San Martín presentaron un proyecto de resolución adhiriendo a la ley que posibilita al Código Penal sancionar con prisión a quienes bloqueen el libre acceso a empresas, entorpeciendo el normal funcionamiento y la libertad de trabajo.

Ante los recientes bloqueos encabezados por los gremialistas del neumático o de Camioneros, las ediles Rosano y Dalmon manifestaron que 'es fundamental la aplicación del derecho penal como medio para resolver los conflictos, restablecer el orden y la paz social y prevenir la futura vulneración de dichos bienes jurídicos'.

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"Los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas, sino que provocan un daño a la propiedad privada e impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio, generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo', expresaron. 

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Las concejales del riñón de Ivoskus presentaron el proyecto que expresa el 'apoyo a la iniciativa del proyecto de Ley 11179, que incorpora el Artículo 158 Bis del Código Penal de la República Argentina', la posibilidad de que 'sea reprimido con prisión de dos a cuatro años al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas'.

@veronica_dalmon y @emmirosano presentaron un Pyto. de Resolución por el que el municipio adhiere a la Ley que posibilita que el Código Penal sancione con prisión, a quienes bloqueen el libre acceso a Empresas entorpeciendo el normal funcionamiento y libertad de trabajo. pic.twitter.com/tWNHdYcgmn

— UCR Adelante San Martín (@sanmartinhyt) September 30, 2022

Además, señala que si las acciones gremiales de bloqueo de la empresa 'tuviesen como finalidad perjudicar la continuidad o modalidades de una relación contractual o laboral de un tercero corresponderá una pena de prisión de tres a seis años'.

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Según consta en el artículo del Código Penal, si de las medidas participaran o fuesen instigadas por un gremialista, "además de la pena privativa de libertad que le correspondiere, tendrá una inhabilitación especial por doble tiempo para ejercer su representación sindical'.