• 28/05/2026

Narcoescándalo en Morón: la oposición busca interpelar a Lucas Ghi mientras avanza la causa contra la exfuncionaria prófuga

La situación judicial de Luna Suyai Ortigoza complicó aún más al gobierno de Morón y abrió una fuerte disputa política en el distrito. La exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad continúa prófuga luego del allanamiento en su casa de Castelar sur, donde la Policía Federal secuestró más de medio kilo de cocaína, marihuana y otros elementos que quedaron incorporados a la causa por presunta comercialización de estupefacientes.

La investigación avanzó a partir de varias denuncias anónimas que señalaron movimientos vinculados a la venta de droga en distintos puntos de Castelar. Según el expediente judicial, los operativos permitieron identificar una organización dedicada al narcomenudeo que operaba tanto en la vía pública como bajo modalidad delivery. Para los investigadores, Ortigoza y su pareja, Ángel Daniel Paz, encabezaban la estructura.

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El caso sumó un elemento clave tras la declaración de Norberto Hernán Aliano, el único detenido en el expediente. El acusado aseguró ante la Justicia que le compró droga a la funcionaria municipal y afirmó que realizó pagos mediante una billetera virtual. Además, los investigadores incorporaron seguimientos, fotografías y testimonios de vecinos que denunciaron movimientos sospechosos en la zona.

Durante el allanamiento en la vivienda de Ortigoza, las fuerzas federales encontraron 509 gramos de cocaína distribuidos en distintos paquetes y piedras compactas, además de marihuana. Parte de la droga apareció en la cocina y otra en la habitación de la acusada. La causa también incluyó una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.

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En medio del impacto político que generó el expediente, la oposición dejó de lado diferencias internas y avanzó con un pedido de interpelación contra el intendente Lucas Ghi. La iniciativa reunió firmas de concejales libertarios, dirigentes del PRO y representantes de otros espacios opositores. El proyecto ingresó al Concejo Deliberante con fuertes cuestionamientos al funcionamiento del Ejecutivo municipal.

"Pasamos, en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía -con firma, poder político y manejo de recursos- prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico. Esto ya no es un hecho aislado: es una falla sistémica en los controles del Departamento Ejecutivo y una muestra de debilidad institucional o simple complicidad", expresaron los concejales opositores en la presentación.

El texto también vinculó el episodio con el antecedente de Karen Cufré, la exagente municipal detenida meses atrás en una causa por extorsiones virtuales. Para la oposición, ambos casos dejaron expuestas fallas en los mecanismos de control interno del Municipio.

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La concejal Analía Zappulla, autora del proyecto, sostuvo que el objetivo consistió en exigir explicaciones formales sobre los criterios de designación y supervisión de funcionarios. El pedido incluyó consultas sobre auditorías internas, controles patrimoniales, antecedentes penales, resguardo de información sensible y posibles sumarios administrativos.

Además, la oposición reclamó detalles sobre la desvinculación de Ortigoza, el estado de los bienes municipales bajo su órbita y las medidas adoptadas para proteger las bases de datos del área de Género. El expediente legislativo también exigió precisiones sobre una eventual presentación del Municipio como particular damnificado en la causa penal.

Frente al escándalo, Lucas Ghi habló públicamente por primera vez y defendió la actuación del gobierno local. El intendente afirmó que el Municipio colaboró desde el inicio con la Justicia y respaldó el avance de la investigación judicial.

"Quiero ratificar nuestro compromiso con la verdad y seguir promoviendo este tipo de allanamientos, expresando la voluntad del Gobierno Municipal en la lucha contra la droga, contra las mafias, el lavado de activos y todo ese entramado oscuro que tenemos que desterrar para siempre. No hay que sobreactuar ni subestimar nada", declaró.

El jefe comunal también remarcó que la administración entregó la documentación requerida por la Justicia. "Poner todos los elementos a disposición de la justicia para que nada ni nadie interfiera en el curso de la investigación", afirmó.

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Además, rechazó las acusaciones opositoras sobre un supuesto encubrimiento y marcó distancia con otras experiencias políticas. "A diferencia de otras administraciones, no vamos a sostener a ningún funcionario cuya conducta, a priori, está reñida con la ley. No solo lo declamamos, sino que lo ejercemos en la práctica", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Ghi se refirió a la situación de la madre de Ortigoza, quien trabaja dentro de la estructura municipal. Según indicó, la investigación no encontró elementos que la vinculen con el expediente penal. "No vamos a vacilar en ir con todo el rigor de la ley, esté involucrado quien esté", aseguró.

Mientras tanto, el caso abrió uno de los frentes políticos más delicados para la gestión de Morón en los últimos años. La sesión del próximo jueves en el Concejo Deliberante asoma como un nuevo capítulo de una crisis que combina impacto judicial, tensión política y fuertes cuestionamientos institucionales.