• 28/05/2026

Con apoyo de Nuevo Encuentro, aprobaron la interpelación a Lucas Ghi por el escándalo de la funcionaria narco

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación al intendente Lucas Ghi por el caso de la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza, acusada en una causa por narcotráfico y prófuga de la Justicia tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su vivienda de Castelar sur. La sesión dejó además una fuerte señal política: Nuevo Encuentro acompañó el pedido opositor y profundizó la distancia con el jefe comunal tras la ruptura del bloque oficialista que impulsó el 'luquismo' semanas atrás.

La iniciativa reunió 16 votos positivos y 8 negativos. A favor se pronunciaron concejales libertarios, dirigentes del PRO, monobloquistas y también los cinco ediles de Nuevo Encuentro: Diego Spina, Florencia De Luca, Sol Steimberg, Marcelo Notario y Mariano Spina. En contra quedaron los integrantes del interbloque PJ-MDF que responde a Ghi y las representantes del Frente Renovador.

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La votación representó un nuevo capítulo de la interna que atraviesa al oficialismo local desde que el sector alineado con el intendente decidió romper el esquema legislativo que compartía con el sabbatellismo. Aquella jugada derivó en la creación del interbloque PJ-MDF y dejó al descubierto una pelea política que desde entonces atravesó cada discusión dentro del Concejo.

En ese marco, la sesión por la interpelación funcionó como otra muestra de la ruptura entre ambos sectores. El espacio de Martín Sabbatella no solo volvió a diferenciarse de Ghi, sino que además resultó clave para que avanzara una de las ofensivas políticas más delicadas contra la gestión municipal.

Hasta minutos antes del inicio de la sesión hubo negociaciones dentro del oficialismo para intentar frenar el tratamiento del expediente. El objetivo pasó por evitar los votos necesarios para aprobar la interpelación. Sin embargo, la iniciativa prosperó y ahora el intendente, o el funcionario que designe, deberá concurrir al Concejo dentro de los próximos cinco días hábiles para responder preguntas vinculadas a la contratación de Ortigoza, los controles internos y las medidas adoptadas por el Municipio.

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Durante el debate aparecieron discursos de alto voltaje político. La concejal libertaria Analía Zappulla advirtió que una eventual ausencia del intendente podría abrir un proceso institucional más grave. Adrián Aguilera fue todavía más lejos y lanzó: "Vamos camino a la destitución".

Por su parte, el concejal de Nuevo Encuentro Diego Spina lanzó duras críticas contra el entorno del intendente. "Esperamos que el intendente venga a dar la cara, no ningún funcionario derechoso de su Gobierno", afirmó durante la sesión. Luego redobló la apuesta con otra frase que impactó dentro del oficialismo: "Este Gobierno está lleno de traidores".

Desde el sector alineado con Ghi rechazaron esas expresiones y denunciaron una maniobra política. Vanina Moro calificó la sesión como una "operación política berreta para ensuciar" y cuestionó las referencias sobre una posible remoción del jefe comunal. "Nosotros no vamos a permitir que la estigmatización le gane a la investigación judicial. Y tampoco dejar pasar lo que dos concejales dijeron en sus discursos: hablaron de la destitución del intendente, lo que muestra qué es lo que buscan", sostuvo.

El caso judicial que golpeó al Municipio se originó tras varias denuncias anónimas sobre venta de droga en Castelar. Según la investigación, Ortigoza y su pareja encabezaban una estructura dedicada al narcomenudeo. Durante los allanamientos, la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana y otros elementos incorporados al expediente.

La situación se agravó luego de la declaración de uno de los detenidos en la causa, quien afirmó que le compró droga a la exfuncionaria municipal y aseguró que realizó pagos mediante una billetera virtual. A partir de esos elementos, la oposición avanzó con el pedido de interpelación y reclamó explicaciones sobre los mecanismos de control dentro del Ejecutivo local.

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El expediente legislativo incluyó preguntas sobre auditorías internas, antecedentes penales, resguardo de información sensible y posibles sumarios administrativos. También exigió precisiones sobre la desvinculación de Ortigoza y una eventual presentación del Municipio como particular damnificado en la causa.

Días atrás, Ghi buscó despegar a la administración municipal del escándalo y defendió la actuación del Ejecutivo. "Quiero ratificar nuestro compromiso con la verdad y seguir promoviendo este tipo de allanamientos, expresando la voluntad del Gobierno Municipal en la lucha contra la droga, contra las mafias, el lavado de activos y todo ese entramado oscuro que tenemos que desterrar para siempre. No hay que sobreactuar ni subestimar nada", afirmó.

Ahora, el intendente enfrentará una instancia política compleja dentro de un Concejo atravesado por la interna del peronismo local y por el impacto institucional que dejó la causa judicial.