• 10/09/2026

Inseguridad en Morón: el Concejo Deliberante aprobó una nueva interpelación a Lucas Ghi

La inseguridad volvió a instalarse en el centro de la agenda política de Morón y derivó en un nuevo frente de conflicto para el intendente Lucas Ghi. El Concejo Deliberante aprobó un pedido de interpelación para que el jefe comunal explique ante los concejales cuáles son las medidas que tomó su gestión frente a la escalada de delitos que generó preocupación entre los vecinos.

La iniciativa consiguió 15 votos a favor contra 8 en contra. El respaldo opositor alcanzó para aprobar el proyecto sobre tablas y convirtió a esta convocatoria en la segunda interpelación a Ghi durante 2026.

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El pedido tomó fuerza después de los episodios ocurridos en El Palomar, donde un hombre fue baleado durante un robo cerca del Colegio Nacional de Morón. En el mismo sector, una mujer sufrió otro asalto cuando llevaba a sus hijos al establecimiento educativo. Los hechos provocaron una fuerte reacción de las familias y un reclamo vecinal por mayores medidas de prevención.

El proyecto opositor no se limitó a reclamar respuestas por los últimos delitos. También puso bajo análisis el funcionamiento y el alcance de la Policía Municipal impulsada por Ghi, uno de los principales anuncios de su gestión en materia de seguridad.

Los concejales cuestionaron el marco jurídico de la fuerza y sostuvieron que se trata de un programa municipal "de carácter civil y administrativo". En ese sentido, remarcaron que "no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto".

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El planteo adquiere especial relevancia a partir de las propias definiciones del intendente. Ghi anunció que la primera camada estará integrada por 130 efectivos, todos exmiembros de fuerzas de seguridad con estado policial. El municipio prevé que comiencen sus tareas durante los primeros días de diciembre.

La particularidad del esquema está en el armamento. Como los agentes conservaron su estado policial, podrán utilizar sus armas personales bajo las condiciones que establece la normativa. El municipio, en cambio, podrá entregarles armas de baja letalidad mientras busca una modificación de la legislación bonaerense que permita una provisión institucional de armamento.

Ghi confirmó que trabaja con la Provincia para avanzar en ese cambio. Según explicó, "Se está trabajando con la provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción".

El diseño de la fuerza apunta a una tarea de proximidad. Sus agentes tendrán presencia en corredores escolares, centros comerciales y sectores de alta circulación. No estarán a cargo de investigaciones, allanamientos ni traslados de detenidos, pero sí podrán intervenir frente a delitos en la vía pública.

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La creación del cuerpo local también abrió otra discusión. Ghi reconoció que el municipio afronta gastos vinculados con tareas de seguridad que corresponden a la órbita provincial. Entre ellos mencionó horas adicionales de policías bonaerenses, cámaras, alarmas y otros dispositivos de prevención.

En paralelo, el Ejecutivo municipal reclamó 20 patrulleros adicionales para Morón y gestiona la renovación de parte de la flota policial mediante un leasing con el Banco Provincia.

La controversia política, sin embargo, quedó instalada en el Concejo Deliberante. La oposición consiguió reunir votos de distintos espacios para forzar al intendente a dar explicaciones sobre la situación de seguridad. El pedido también reclama información sobre las medidas adoptadas por el Municipio, los recursos disponibles y el funcionamiento del nuevo esquema de seguridad local.

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El escenario suma presión sobre Ghi justo cuando su administración intenta poner en marcha la nueva fuerza municipal. La interpelación llevará al recinto el debate sobre quién debe asumir la responsabilidad política frente a la inseguridad en Morón y hasta dónde puede avanzar el Municipio con una estructura propia.

Mientras tanto, los episodios de El Palomar dejaron un reclamo concreto de las familias: mayor presencia policial y condiciones de seguridad alrededor de los establecimientos educativos. El debate ya no queda restringido a la calle. Ahora también tendrá una instancia institucional en el Concejo Deliberante, con Ghi obligado a responder por la estrategia de seguridad de su gestión.