
Fuerte sanción del Tribunal de Cuentas bonaerense a Juan Zabaleta por irregularidades en su último año de gestión en Hurlingham
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires resolvió aplicar una dura sanción contra el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, tras detectar serias irregularidades en la rendición de cuentas del año 2023. El organismo provincial dictaminó una multa directa de $1.450.000 y lo responsabilizó solidariamente por un total de $83.786.324,06, junto a varios de sus exfuncionarios. El monto total observado por el Tribunal asciende a $84.101.418,12.
El informe expuso fallas en la contratación de vehículos, pagos a funcionarios sin respaldo legal y obras públicas con certificados incompletos o mal tramitados. Las observaciones del organismo calificaron estas acciones como un "perjuicio al erario público".
Una de las principales críticas apuntó al alquiler de camionetas y camiones sin detallar la titularidad ni las matrículas de los vehículos. En varios casos, las áreas que efectuaron las contrataciones ya contaban con flota propia. "El municipio mandó documentación parcial, no informó sobre superposición de períodos contratados, ni acompañó documentación que permitiera identificar patente y titularidad de los vehículos", señaló el Tribunal en su dictamen.
Los inspectores también detectaron pagos bajo los conceptos de "Bonificación por Capacitación" y "Bonificación por Dedicación Exclusiva" sin que existiera documentación que explicara su origen. No aparecieron decretos ni legajos, ni constancias que acreditaran los cursos realizados o los cargos desempeñados con exclusividad.
Otro punto crítico del fallo se concentró en la refacción del Microestadio de Villa Tesei. La obra fue iniciada a través de la Licitación Privada N° 121/23. El primer certificado de avance indicó un 76% de progreso, pero no incluyó las firmas del inspector municipal ni del representante técnico de la empresa adjudicataria. Sólo firmaron Zabaleta y el entonces secretario Mario Rafael Ochoa. Según el Tribunal, este procedimiento violó las normas y motivó la orden de verificar el estado real de la obra, que aún no fue terminada.
Además, el organismo observó contrataciones directas que omitieron el llamado a licitación pública, pese a los montos involucrados. La adjudicación de trabajos de refacción en las Escuelas N° 3 y N° 25 a la empresa Desarrollos Beccar S.A., por más de $168 millones, fue uno de los casos señalados. El municipio intentó justificar esta decisión con argumentos "no relacionados con el tema aquí cuestionado", según indicó el dictamen, que concluyó que se había violado el artículo 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La responsabilidad no recayó exclusivamente sobre el exjefe comunal. También fueron alcanzados exfuncionarios de áreas clave como Hacienda, Contaduría, Tesorería, Seguridad, Compras y Obras Públicas. Entre ellos, figuran Carlos Augusto Dichiara, Gustavo Gabriel Schiariti, Facundo Cadavid, Agustín Castro Bravo, Mario Rafael Ochoa, Pablo Javier Suárez, Alejandro Torres, Damián Alejandro Feu y Juan Ignacio Accattoli.
El Tribunal ordenó la devolución del dinero si los involucrados no logran justificar los gastos. Mientras tanto, el expediente continúa abierto, a la espera de que los exfuncionarios presenten los documentos exigidos para revertir las sanciones. La resolución ya quedó firme y marca un fuerte revés para Zabaleta, quien deberá responder por su rol como máxima autoridad del distrito durante el ejercicio fiscal cuestionado.